El papel de España en la lucha por la justicia climática

Como sabemos, el cambio climático afecta con mayor severidad a aquellas zonas y colectivos que más dependen del medio natural y que menos recursos tienen para enfrentarse a los impactos del mismo. Mujeres, población indígena y otros colectivos en situación de vulnerabilidad están siendo ya gravemente afectados por la degradación de hábitats y los impactos sociales y económicos de la misma.

No podemos, por tanto, obviar la dimensión social y los distintos impactos que provoca el cambio climático, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, dependiendo de variables como el género, la edad, la renta, el medio donde se vive o el grupo étnico al que se pertenece. Además, países con poca o nula responsabilidad en la actual acumulación de gases de efecto invernadero son los que hoy se enfrentan a retos tan extremos como, en el caso de Estados insulares, la desaparición de su territorio.

Por otro lado, en la medida que la mayoría de estos países tienen pocos recursos para la adaptación climática, algunos de los logros en desarrollo humano conseguidos en las últimas décadas se pueden ver comprometidos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados para el año 2030 no se alcanzarán si no se producen cambios importantes.

Por todo ello, es crucial que la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética se vea inspirada e incorpore los siguientes elementos:

  • De manera general, es fundamental y urgente que España se alinee con los países más avanzados en la esfera global y promueva acuerdos ambiciosos en los próximos años para que el aumento de la temperatura global no sobrepase 1,5º C por las dramáticas implicaciones que esto tendría en muchas zonas del mundo y en cuanto a desplazamiento forzoso de personas.

En cuanto a los desplazamientos de personas:

  • España debe asumir su responsabilidad en el desplazamiento de personas por causas climáticas y medioambientales y trabajar por un marco jurídico y político que incluya mecanismos de protección, compensación y reubicación suficientes y adecuados.
  • Además, la presente ley debe considerar la migración como una de las estrategias de adaptación al cambio climático y se debe establecer mayor vinculación entre las políticas migratorias y ambientales, planificando y financiando acciones que faciliten la movilidad y aseguren y protejan a las personas desplazadas tanto dentro como fuera de la frontera nacional. La participación activa de España en iniciativas globales como la Nansen deberá ser promovida por esta ley.

En cuanto a la financiación climática:

  • El Gobierno de España debe garantizar la contribución financiera de España al Fondo Verde para el Clima y a otros instrumentos. Los fondos deben servir para la mitigación y la adaptación al cambio climático, destinando al menos el 50% para la adaptación. Esta financiación deberá provenir en su mayoría de fondos públicos, suficientes y predecibles. Del mismo modo, se deberá proveer financiación propia y suficiente para el Mecanismo Internacional para las pérdidas y los daños.
  • Es preciso asegurar el acceso a la financiación climática por parte de los países y comunidades más vulnerables mediante el apoyo al fortalecimiento de capacidades, mejorando la transparencia y eliminando las barreras existentes a día de hoy. Al mismo tiempo, se deben crear instrumentos que canalicen financiación adecuada y suficiente a organizaciones de mujeres, pueblos indígenas y desplazados.
  • En el próximo Plan Director de la Cooperación Española la lucha contra el cambio climático tiene que estar presente de forma destacada con recursos suficientes y adicionales que vayan dirigidos a apoyar la adaptación y paliar los daños que están padeciendo los colectivos y zonas más vulnerables.

Respecto de la coordinación con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030:

  • Adicionalmente, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe ser coherente con la estrategia de implementación de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello, deberá incorporar medidas para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de países en desarrollo a los riesgos relacionados con el clima, y promover mecanismos para aumentar su capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático.

  En relación al género:

  • Todo el desarrollo normativo derivado de esta ley deberá incorporar el enfoque de género utilizando para ello herramientas específicas de análisis, planificación y seguimiento. En concreto, es importante que se incluya la perspectiva de género en los planes y programas estatales para la adaptación y mitigación del cambio climático.
  • Se desarrollarán presupuestos de género para las políticas e iniciativas de cambio climático a nivel estatal e internacional.
  • Las administraciones del Estado promoverán la capacitación y el fortalecimiento en el área de género y cambio climático.
  • España deberá velar, en su participación en la esfera global, por la total integración de aspectos de género en todas las áreas de las negociaciones de la CMNUCC, incluyendo adaptación, mitigación, distribución de tecnología, financiación y desarrollo de capacidades.

En relación a los derechos humanos:

  • Instamos al Gobierno de España a unirse, tal y como están haciendo otros países de la UE, a las iniciativas que ya están en marcha para mejorar la vinculación entre cambio climático y derechos humanos, como es el caso del Compromiso de Ginebra para los derechos humanos en la acción climática.
  • España deberá promover la inclusión de criterios y salvaguardas de derechos humanos en mecanismos tales como los de acceso a la financiación climática. Del mismo modo, el aumento de la transparencia sobre todos los procesos en general y sobre el destino de los fondos, en particular, tendrá una repercusión directa para mejorar la protección e inclusión de los derechos humanos.
  • De manera general, las políticas de lucha contra el cambio climático, como esta ley, deben no solo medir el posible impacto en las dimensiones de género, raza, edad o grupo étnico, sino que deben constituir herramientas de avance en la equidad y en la protección y disfrute de los derechos humanos.