Medidas de adaptación

Introducción

El cambio climático es consecuencia directa de un modelo de desarrollo cada vez más insostenible y, por lo tanto, la reducción de las emisiones y la adaptación al cambio climático deben formar parte de una gran transformación hacia otro modelo de desarrollo y sociedad.
Los impactos provocados por el cambio climático ya son visibles, en mayor o menor grado, en todos los países y en todo el planeta. En España, como uno de los países de la UE más vulnerables a los impactos del cambio climático, resulta especialmente importante contar con un marco de planificación y actuación que fomente la adaptación de acuerdo con las recomendaciones científicas y las mejoras prácticas a nivel internacional.
Un elemento necesario de esta adaptación será el aumento de la ‘resiliencia’, entendida como la capacidad de resistir los impactos del cambio climático, de mantenerse o adaptarse a las nuevas condiciones asociadas, y de recuperarse después de los eventos extremos. para reducir las consecuencias socio económicas y ambientales negativas.
El presente texto contiene los ejes básicos que, desde Alianza por el Clima, consideramos imprescindibles para que la Ley de Cambio Climático y Transición Energéticao, en su caso, otras políticas o medidas pongan a España en la trayectoria de adaptación adecuada, teniendo en consideración los efectos sociales que se pudieran producir a través del establecimiento de medidas de protección y apoyo a los sectores y colectivos más vulnerables.

 

1. Planificación de la adaptación

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) se aprobó en julio de 2006, y se
concibió como “el marco general de referencia para las actividades de evaluación de impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, que proporciona la estructura global donde
“encajan” las diferentes evaluaciones de los sectores, los sistemas y las regiones.”.
El PNACC no se estableció un horizonte temporal, sino su renovación a través de Planes de
Trabajo, el actual del 2014 al 2020, que “contendrán las actividades y proyectos a desarrollar, así
como un calendario de las mismas, cuya duración puede ser variable en función de su naturaleza”.
“De esta forma, a medida que se desarrollen las evaluaciones, se irán generando unos conocimientos
y un cuerpo de opciones de adaptación que fortalecen el propio marco de referencia”.
Desde las organizaciones sociales que formamos parte de Alianza por el Clima, consideramos
que existen toda una serie de factores que hacen necesaria la revisión del PNACC para que siga
cumpliendo con su “función marco” de las políticas de adaptación, entre otros :
• Integrar la Estrategia Europea. Dado su carácter pionero, el PNACC se “adelantó” al
desarrollo por la unión Europea de su Estrategia de Adaptación (2013-2020), que está
produciendo toda una serie de directrices para el desarrollo de la adaptación a nivel europeo,
y su integración en los programas de inversiones de la Política de Cohesión y de
Desarrollo Rural.
• Integrar las políticas de las CCAA y Ayuntamientos. Andalucía (2010), Cataluña
(2012), Comunidad Valenciana (2013) o País Vasco (2015), han desarrollado sus propios
planes de adaptación que pueden realizar importantes aportaciones en todos los ámbitos
del Plan.
• Evaluar el PNACC en su conjunto. Como reseña la Agencia Europea del Medio Ambiente
en su Informe de evaluación sobre la adaptación al cambio climático (2016): “la
evaluación global del PNACC todavía no se ha realizado. Esta evaluación debería comprender
un informe global sobre el impacto alcanzado por las políticas públicas de adaptación
y su contribución al fortalecimiento de la resiliencia de España frente al cambio
climático.”
• Aumentar el nivel de esfuerzo. Todos los estudios remarcan que la península ibérica
será uno de los territorios que tendrá que afrontar más impactos y más severos debido
al cambio climático (IMPACT2C project, 2015). Sin embargo, a pesar de las políticas de
adaptación desarrolladas, el nivel de resiliencia de nuestra sociedad es inferior al de las
sociedades de nuestro entorno (ESPON Climate, 2011). Aumentar nuestra resiliencia es
invertir en menos gastos por daños futuros.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe dotar a las políticas de adaptación
de rango de ley, convirtiéndolas en un aspecto transversal en la gestión, de tal manera que las
Administraciones públicas en sus diferentes rangos competenciales deban:

• Elaborar y aprobar en el corto plazo, tras el consiguiente proceso participativo, Planes
Estratégicos en materia de adaptación al cambio climático, en los cuales propongan medidas
efectivas a la luz de las últimas evidencias científicas, en especial los informes del
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).
• Potenciar las vías de colaboración intra e interadministrativa, definiendo los instrumentos
de coordinación entre los planes de acción elaborados, esencialmente en cuanto a:
• Evaluaciones sectoriales de vulnerabilidad y adaptación: Eficiencia energética,
energías renovables, recursos hídricos, biodiversidad, salud, turismo, agricultura,
desertificación, etc..
• Integración en las normativas sectoriales.
• Protocolos de seguimiento e indicadores comunes de vulnerabilidad y adaptación por sectores.
• Participación ciudadana y de sectores socio-económicos implicados.
• Fomento de los instrumentos existentes de coordinación administrativa (a nivel
de UE, Red de Ciudades por el Clima, Conferencia autonómica, etc…).
• Disponer de los necesarios instrumentos de integración y coherencia con los objetivos
de los Planes estratégicos de Cambio Climático, en cualquier Estrategia o Plan Sectorial
que se elabore, creando tanto herramientas técnicas para esta integración (indicadores y
protocolos de seguimiento) como estructuras interadministrativas sectoriales, en las que
se pongan en valor los sistemas de Evaluación Ambiental Estratégica de los mismos y
los procesos de información y participación pública que estos conllevan. Especialmente
relevantes serán a este nivel:

• Planes y programas de ahorro y eficiencia energética.
• Planes de Acción de Energía Sostenible .
• Planes de I+D+i.
• Planificación hidrológica a los distintos niveles competenciales y territoriales.
• Planes de regadíos.
• Planificación sectorial de infraestructuras y movilidad.
• Planes de ordenación territorial y urbana.
• Planes de gestión de residuos.
• Planes de regulación de actividades turísticas.
• Planes de Rehabilitación en edificación y áreas urbanas.

 

2. Medidas de adaptación sectoriales

Sistema hídrico

Para ganar en resiliencia frente a recursos hídricos decrecientes y un mayor riesgo de sequías
e inundaciones, y reducir la vulnerabilidad de la población y del sistema socio-económico, hay
que considerar los siguientes factores:

Gestión de la demanda agraria.
• Evaluación de los costes económicos y de los objetivos alcanzados con los Planes de
Modernización de los Regadíos, adecuando las concesiones de riegos a los recursos existentes
con criterios ecológicos y socio-económicos.
• Mejora de la eficiencia energética y ahorro de agua a través de programas de modernización
de regadíos, con la implantación de sistemas de medición y dosificación de agua.
• Sistemas de autorizaciones y derechos de concesión de uso de agua con criterios sociales
en los que se priorice a la agricultura familiar con modelos de producción sostenibles.
Supresión de la mercantilización sobre los derechos de concesión del uso de agua.

Gestión de la demanda urbana e industrial
• Aplicar modelos sostenibles al ciclo urbano del agua, basados en infraestructuras verdes
y tecnologías blandas, en las fases de abastecimiento, saneamiento, depuración y
aprovechamiento de aguas regeneradas para mejorar la resiliencia frente a sequías e
inundaciones.
• Optimizar el uso del agua desalada para eliminar la sobre-explotación de acuíferos costeros,
utilizando energías renovables para el funcionamiento de las plantas desaladoras.
• Evitar el empleo de agua proveniente de instalaciones potabilizadoras para usos que no
precisen una buena calidad hídrica.

Adaptación frente a sequías e inundaciones
• En periodos de sequía debe aplicarse un enfoque integrado en la gestión de la demanda,
implicando a todos los sectores demandantes de agua y teniendo en cuenta los
caudales ecológicos.
• En relación a inundaciones se hará una gestión integral y adecuada de las zonas inundables.
• Desarrollo de Programas de Educación y Comunicación con los habitantes ribereños,
que permitan modificar la percepción pública acerca del entorno de los cauces fluviales,
y facilitar una gestión adecuada de los mismos.

Proceso de toma de decisiones
Para asegurar la adopción de una política correcta de adaptación al cambio climático, es necesario
evitar la preponderancia de la administración y los sectores empresariales en el proceso
de toma de decisiones y lograr un pleno equilibrio entre los sectores representados en el Consejo
Nacional del Agua y en los consejos de las demarcaciones hidrográficas.

Bosques
El 47,6 % de los bosques ibérico-baleáricos y el 87,3 % de los canarios están incluidos en espacios
de la Red Natura 2000. Sin embargo, el nivel de aplicación de planes de gestión de los
espacios sobre el terreno es todavía muy bajo, lo que repercute directamente en su estado de
conservación, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 60 % de las especies y el 77 %
de los hábitats europeos protegidos se encuentran en mal estado de conservación.
Las masas forestales destinadas a satisfacer a la sociedad de unos usos recreativos o de un
recurso tangible deben contar, tal y como establece la Ley de Montes, con adecuados instrumentos
de gestión que, entre otros aspectos, regulen los usos y aprovechamientos sin comprometer
la producción y la conservación del recurso a largo plazo. Actualmente, apenas el
12,7 % de la superficie forestal española cuenta con planes de gestión.
A pesar de que el cambio climático es la principal amenaza de los bosques y que la gestión
forestal supone una excelente herramienta de adaptación, ni los planes de gestión ni los proyectos
de restauración incluyen medidas de adaptación al cambio climático.
A la vista de estas amenazas, para aumentar la resiliencia de los bosques frente al cambio climático,
la Ley de Cambio Climático debería incluir las siguientes medidas:
• Impulsar estrategias de gestión y restauración de ecosistemas que prioricen la recuperación
de bosques autóctonos, mixtos e irregulares, potenciando su multifuncionalidad.
Los proyectos deben apostar por paisajes en mosaico, que diversifiquen los tipos de há-
bitat en el territorio.
• Desarrollar estudios para valorar los impactos del cambio climático sobre los bosques
en las regiones y tipos de bosques en las que no se tenga suficiente información, y dise-
ñar medidas de adaptación específicas para cada una de ellas, que garanticen el papel
mitigador de las masas forestales para el futuro.
• Incluir medidas de adaptación al cambio climático en planes de gestión forestal que
aumenten la resiliencia, e incrementar los porcentajes de superficie forestal gestionada.
• Mejorar la coordinación de los bancos de germoplasma vegetal a escala nacional
• Impulsar planes de gestión para todas las especies, en especial las más vulnerables.
• Identificar las zonas de Alto Riesgo de Incendio y aplicar Planes de Prevención y de
23 Propuestas Alianza por el Clima Ley de cambio climático y transición energética
Extinción en estas zonas para hacer más resiliente los bosques frente a perturbaciones
futuras, por ejemplo, potenciando la ganadería extensiva como medida de prevención.
• Garantizar la conectividad ecológica de los hábitat forestales mediante el diseño, mantenimiento
y restauración de conectores ecológicos, que permitan el desplazamiento de
especies y el mantenimiento de servicios eco-sistémicos.
• Establecer sistemas de seguimiento con indicadores claros que permitan medir los
efectos producidos por el cambio climático en los bosques.
• No se contabilizarán las medidas de adaptación o mejora de los bosques dentro del
cumplimiento de los objetivos de mitigación y de los mercados de carbono.

Zonas costeras y marinas
• Reconocer la importancia para la adaptación al cambio climático de los ecosistemas
incluidos en la Red Natura 2000: lagunas costeras, sistemas dunares, llanos mareales, deltas
y estuarios, etc.
• Priorizar el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco de Agua, Directiva Marco
de las Estrategias Marinas y la Directiva Marco de Sostenibilidad del Mar.
• Revisar el planeamiento urbano para que, teniendo en cuenta las proyecciones de cambio
climático, evite las construcciones próximas al DPMT y prohíba la construcción en
zonas naturales que ofrezcan protección y adaptación frente a los impactos del cambio
climático (lagunas costeras, llanos mareales, sistemas dunares o deltas).
• Elaborar un plan para la desocupación, a largo plazo, de las zonas de costa más
vulnerables.
• Priorizar la adaptación al cambio climático basada en los ecosistemas, mantener la capacidad
de la naturaleza para mitigar los efectos negativos del cambio climático, es mucho
más rentable que otro tipo de medidas duras.
• Inclusión de medidas para minimizar los efectos de intrusión salina en los estuarios
como: reconsideración de los dragados en los puertos teniendo en cuenta el criterio
científico y los efectos de la subida del nivel del mar o afección a los caudales de agua
dulce; proteger los márgenes de los ríos contra la erosión; definir y respetar regímenes
adecuados de caudales de agua dulce –lo que en general implicará asegurar mayores
caudales- esos caudales ecológicos.
• Maximizar la resiliencia de los ecosistemas marinos, en su conjunto, eliminando la exposición
a otros impactos derivados de la actividad humana.
• Ampliar la superficie marina protegida de forma coherente (teniendo en cuenta criterios
como la conectividad, representatividad o la gestión) es una de las herramientas
de protección más eficaces para la conservación de la biodiversidad y para combatir y
mitigar, a escala local, los efectos directos e indirectos relacionados con amenazas globales
como el cambio climático. Las reservas marinas cumplen la función de conservar
y proteger ciertas áreas que pueden actuar como refugio de comunidades y especies
vulnerables o que alberguen ecosistemas especialmente resilientes al cambio climático.
• Realizar una revisión intensiva de los protocolos de evaluación de impacto ambiental
y, sobre todo, de los protocolos de vigilancia ambiental publicados en las Declaraciones
de Impacto Ambiental (DIAs), para asegurar una mayor eficacia a la hora de proteger y
conservar hábitats y especies particularmente vulnerables.

Biodiversidad
Los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad española implican el agravamiento
de las amenazas ya existentes, como la alteración y destrucción de hábitats, o la aparición de
nuevas amenazas, como plagas y enfermedades. Además, las nuevas condiciones climáticas
están obligando a muchas especies a desplazarse y migrar en busca de nuevos hábitats que
reúnan las condiciones climáticas adecuadas para su supervivencia. Las especies más vulnerables
son aquellas con poblaciones más reducidas y aisladas, o sin capacidad de migrar o
adaptarse a las nuevas condiciones.
A la vista de estas amenazas, para disminuir la vulnerabilidad de las especies frente al cambio
climático, la Ley de Cambio Climático debería incluir las siguientes medidas:
• Reconocer el papel de la biodiversidad para aumentar la resiliencia al cambio climático
de los ecosistemas. Según estudios científicos (Nature 526, 574–577, 2015), la
existencia de una alta biodiversidad estabiliza la productividad de los ecosistemas aumentando
su resiliencia al cambio climático. Por ello, se debe reconocer la importancia
de conservar la biodiversidad como medida de adaptación al cambio climático de
ecosistemas como cultivos, bosques, etc…lo que debe reflejarse a lo largo de toda la
Ley de Cambio Climático.
• Garantizar el buen estado de los espacios naturales protegidos y otras zonas que estén
actuando y puedan actuar en el futuro como refugios de fauna, asegurando su planificación,
financiación y regulación de usos adecuada a los objetivos de conservación.
• Garantizar la conectividad ecológica del territorio mediante el diseño, mantenimiento y
restauración de corredores ecológicos que permitan el desplazamiento de especies y el
mantenimiento de servicios eco-sistémicos.
• Establecer sistemas de seguimiento de los efectos producidos por el cambio climático
y realizar un análisis de vulnerabilidad al cambio climático de las especies y hábitats para
las que se tenga menos información.
• Incluir medidas de adaptación al cambio climático en todos los documentos de planificación
para la conservación de especies que se hayan identificado como vulnerables:
25 Propuestas Alianza por el Clima Ley de cambio climático y transición energética
planes de conservación o recuperación de especies, planes de gestión de RN2000, etc.
• Actuar en poblaciones en regresión, mejorando su conservación y reduciendo la amenazas
ya existentes, manteniendo poblaciones mínimas estables, para disminuir su vulnerabilidad
frente a los impactos previstos por el cambio climático.

Sector agrario
El sector agrario, como sector estratégico, es fundamental por la función social, económica
y territorial que desempeña, contribuyendo a la consolidación de un sector económico que
proporciona grandes beneficios al conjunto de la sociedad: la producción de alimentos, una
fuente de empleo, la gestión del territorio rural, la conservación de los ecosistemas y del patrimonio
natural y cultural, entre otras muchas cuestiones. El sector agrario necesita mejorar su
resiliencia frente al cambio climático utilizando prácticas tradicionales a la vez que las mejores
técnicas disponibles. En consecuencia, proponemos las siguientes medidas:
• Elaborar un “Plan Nacional de Adaptación del sector agrario al cambio climático” con
plena participación de los agentes sociales implicados. Dicho Plan debe identificar las
zonas y sectores más vulnerables, afianzar el conocimiento de los riesgos y consecuencias
del cambio climático, y evaluar los impactos, vulnerabilidad y adaptación en el sector
agrario.
• Diseñar mecanismos de reconocimiento social y apoyo económico que permitan rentabilizar
aquellas buenas prácticas agrarias, desde un enfoque que promueva mecanismos
de adaptación al cambio climático.
• Refuerzo presupuestario y mejora de los instrumentos de gestión de riesgos y de las
crisis, para hacer frente a las consecuencias económicas de los fenómenos del cambio
climático a través del sistema de seguros agrarios. Sólo a partir de la universalización del
seguro agrario se puede enfrentar con garantías los efectos del cambio climático.
• Desarrollar acciones de adaptación en las políticas agrarias y de desarrollo rural, en especial
en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).
• Avanzar en la política de regadíos sostenible como instrumento de adaptación al cambio
climático, en especial a través de su modernización con el objetivo de mejorar el ahorro
de agua y dotarlos de una mayor eficiencia energética mediante el uso de energías
renovables. Las actuaciones de regadíos deberán contemplar las proyecciones climáticas
esperadas bajo los distintos escenarios de cambio climático y por tanto de estrés hídricos
y sequías, integrándolas de manera prioritaria en sus planes y programas, así como las
modificaciones necesarias de adaptación al cambio climático.
• Elaborar y aplicar un programa de apoyo al secano, acorde con el horizonte de disponibilidad
decreciente de agua en función de las evidencias científicas.
• Fomentar el apoyo a la ganadería extensiva como instrumento de adaptación a los ries-
gos asociados al cambio climático.
• Potenciar líneas específicas de I+D+i de ayuda a la investigación e innovación agraria, a
la producción experimental destinada a la selección de cultivos, a prácticas agronómicas
y de gestión ganadera, al desarrollo de variedades mejor adaptadas a las nuevas condiciones
y, en general, al desarrollo de la implantación de tecnología de adaptación.

Transporte
El estudio sistemático de los efectos del cambio climático en el sector del transporte se inició
en el 2013 con la publicación por el CEDEX de las conclusiones de un análisis preliminar sobre
las necesidades de adaptación al cambio climático de la red troncal de infraestructuras de
transporte en España. En este informe se resalta que “apenas se ha reflexionado sobre el tema
hasta la fecha”.
Es necesario que la ley de cambio climático desarrolle un sistema para ampliar los conocimientos
de los impactos del cambio climático en el sector, en concreto:
• Establecer la obligación de un informe periódico que actualice los conocimientos sobre
la vulnerabilidad del sector, al menos con carácter previo a la elaboración de los planes
estratégicos de infraestructuras, actualmente PITVI (2012-2024).
• Establecer la obligación de los gestores de las redes ferroviarias y de carreteras de comunicar
un registro de incidencias y actuaciones de mantenimiento y reparación, que
permita conocer la evolución de tendencias y la existencia de tramos de la red especialmente
afectados.
• Establecer la obligatoriedad de informes de vulnerabilidad para infraestructuras esenciales
(puertos, aeropuertos, puentes..) o zonas especialmente vulnerables .
La adaptación, que debería ser uno de los ejes fundamentales en la planificación estratégica
del sector, es ignorada en el actual PITVI(2012-2024). Es necesario que la ley regule su integración,
estableciendo como contenidos mínimos:
• Evaluación de los futuros impactos en el emplazamiento y demanda de las nuevas infraestructuras.
• Un programa de actuación sobre los riesgos de fallo de las infraestructuras existentes y
las posibles interrupciones de los servicios de transporte.
• La implementación de indicadores relativos a la adaptación en el seguimiento y evaluación
de la planificación.
También es necesario abordar la evaluación de los impactos del cambio climático en el diseño
de los proyectos de infraestructuras. El estudio de Enríquez de Salamanca et al. (2016), que
analiza 1.713 declaraciones de impacto ambiental emitidas por la Administración General del
Estado entre 1990 y 2014, concluye que en ninguna se hace referencia a los potenciales impactos
del cambio climático sobre el proyecto.

Industria y energía
Los principales problemas para las instalaciones industriales y energéticas podrían derivar de
los efectos de eventos meteorológicos extremos en dichas instalaciones (inundaciones, huracanes…),
y de la escasez de recursos hídricos para la producción hidroeléctrica y para la refrigeración
de centrales térmicas o nucleares. Las principales medidas para la adaptación a ellos son:
• Promover la suficiente cobertura eléctrica con fuentes de energía renovable que no dependan
tanto del agua, así como el incremento de los programas de ahorro y eficiencia
energética para reducir las necesidades de energía.
• Promover las medidas de refuerzo y protección en las instalaciones e infraestructuras
ante eventos meteorológicos.
• Mejorar la evaluación de los efectos de los escenarios climáticos respecto de los anteriores riesgos.
• Mejorar la eficiencia de las turbinas hidroeléctricas que permita producir más energía
con menores caudales al tiempo que asegure el cumplimiento del régimen de caudales
ecológicos de los ríos y permita eliminar obstáculos a la conectividad fluvial en las zonas
más sensibles.
• Asegurar criterios de sostenibilidad en la producción de biocombustibles y biomasa para la generación de energía.

Turismo
El turismo es de enorme importancia socio-económica y para la imagen de España pero, desgraciadamente,
es también un sector especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático:

• En el turismo del modelo tradicional de “sol y playa entre primavera y otoño”, forma
parte esencial de la oferta turística un conjunto de bienes (playas artificiales o mantenidas
de forma artificial, asociadas a una concentración de edificios, infraestructuras y
actividades en primera línea de la costa) muy vulnerables al aumento del nivel del mar,
y a la mayor incidencia de temporales, olas de calor y calimas, cambios en la calidad del
agua, problemas con medusas, etc.
• El turismo de interior (sea en entornos urbanos o rurales) también es vulnerable (tanto
a fenómenos extremos -olas de calor, temporales- como a fenómenos más generalizados
como el aumento de la temperatura, la escasez del agua…) o en el caso de subsectores
como el de esquí, a cuestiones más específicas como la cada vez más impredecible disponibilidad
de su recurso más básico, la nieve.
Algunas medidas de adaptación ya mencionadas serán adecuadas en algunos casos para abordar
las necesidades del sector turístico, pero sigue existiendo un problema de fondo, de un
modelo que es difícilmente compatible con las previsiones del cambio climático y por lo tanto,
no muy ‘resiliente’. Alianza por el Clima considera que la ley de Cambio Climático y Transición
Energética debería abordar las siguientes cuestiones específicas del sector:
• Redacción de un Plan de Adaptación específico para el sector turístico por parte de la
AGE en coordinación con las CC AA, los agentes del sector, y otras partes interesadas, que
aborde su vulnerabilidad ante los impactos previstos del cambio climático, y sirva para
reorientar el modelo turístico actual. Dicho plan contendrá objetivos y medidas asociadas
y revisiones periódicas.
• Orientar los instrumentos de ordenación del territorio (incluida la costa), de gestión y
protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, y de planificación y evaluación del
impacto de infraestructuras y otros proyectos asociados al turismo, para reducir la vulnerabilidad
de bienes, servicios, personas o recursos naturales ante el cambio climático.

Finanzas y seguros
El cambio climático representa una serie de riesgos para el Sistema Financiero:
• Riesgos físicos por fenómenos climáticos extremos que afectan a sus propiedades y el
valor de sus activos.
• Riesgos regulatorios por la limitaciones a las emisiones, precio del carbono, posibles
aranceles al comercio internacional.
• Riesgos de transición por la pérdida de valor que suponen las inversiones en combustibles
fósiles en una economía descarbonizada.
Para evitar posibles burbujas que desestabilicen la economía es necesario que la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética establezca una serie de principios para garantizar la transparencia
y que los inversores puedan valorar a la hora de invertir los riesgos y oportunidades
que supone una economía baja en carbono.
Por ello, la Ley deberá incluir:
• Alineamiento del sistema financiero con los compromisos de París a través de:
• Publicación en las memorias anuales de información concisa sobre los riesgos
financieros relacionados con el cambio climático y las medidas adoptadas para reducirlo,
sobre cómo las políticas de inversión se alinean con los objetivos internacionales
y nacionales de reducción de emisiones, y de los criterios ASG (criterios de
responsabilidad ambiental, social y de gobernanza) que se están adoptando.

• Establecimiento de obligatoriedad de la medición de la huella de carbono de los
agentes financieros (scope 3) mediante una metodología regulada y su publicación
en mecanismos estandarizados.
• Informe periódico de la autoridad bancaria al gobierno y al parlamento de cómo
el sistema financiero está alineado con los objetivos del acuerdo de París y los riesgos
climáticos existentes en el sistema.
• Desarrollo y regulación pública – con estándares claros y transparentes que muestren lo
que es verde y lo que no lo es – de los mercados de obligaciones verdes que afectan especialmente
en el desarrollo de infraestructuras en nuestro país por agentes nacionales
en mercados internacionales.
• Que las grandes empresas publiquen en sus memorias los riesgos climáticos en los que
incurren y cómo éstos afectan a sus productos y servicios, las medidas de alineamiento
con los objetivos internacionales y nacionales y los criterios de ASG implementados en
bases estandarizadas y reguladas.
• Alinear los instrumentos de cooperación financiera internacional de la política de internacionalización
de la empresa y cooperación internacional con los objetivos de mitigación
y adaptación del acuerdo de París, y avanzar en los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas de las estrategias de alineamiento.
• Realizar contribuciones adecuadas y sustantivas a la medida de la capacidad financiera
de España a los fondos de la cooperación internacional recogidos en el Acuerdo de París
y que permitan facilitar procesos de mitigación y adaptación, con especial foco a los instrumentos
de desarrollo sostenible y de preservación de ecosistemas estratégicos afectados
por el cambio climático. Estos recursos deberán ser adicionales a los compromisos
ya suscritos en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
• Para que los agentes financieros (y otros actores público-privados) puedan tener información
clara, relevante y comparable sobre riesgos ASG en general y climáticos, debe
desarrollarse el sistema de indicadores clave KPI de la Directiva de información financiera
(pendiente de transposición).
En cuanto a los seguros, su papel en el campo de la adaptación es muy interesante, ya que
permiten una gestión del riesgo asumida desde la propia aseguradora. En este sentido, se pueden
destinar políticas públicas, para favorecer a la población o actividades más vulnerables
al cambio climático, a través de seguros subvencionados. Esto se ha llevado a cabo de forma
exitosa en el sector agrícola y ganadero pero también en entornos urbanos. Por último, deben
aplicarse los criterios citados anteriormente de transparencia e incorporación del riesgo climá-
tico en el modelo de negocio.

Urbanismo y edificación
Las ciudades son muy vulnerables a los impactos del cambio climático. Los episodios climáticos
extremos no solo afectan directamente a las ciudades, causando cada vez más impactos
en la población y daños en las infraestructuras; sino también indirectamente, pues puede peligrar
el suministro de agua potable o de alimentos, y ser destino de las migraciones climáticas,
lo que supone un descenso de la calidad de vida de todos los ciudadanos y, especialmente, de
los más vulnerables.
Por tanto, es necesario que, dentro del marco de la ley del cambio climático, se prevean medidas
de adaptación que palíen los efectos del cambio climático en los entornos urbanos y protejan
las vidas humanas y las infraestructuras urbanas a corto, medio y largo plazo. Entre otras:
• Desarrollar en las ciudades una planificación urbanística basada en soluciones naturales,
que tenga la capacidad de aportar una adaptación transformadora y garantice que se
pueden afrontar retos climáticos actuales y futuros, integrando tanto logros en términos
de mitigación (p.ej. menor demanda energética en los edificios) como en adaptación
(p.ej. gestión de las aguas pluviales).
• Detener la expansión de los asentamientos urbanos a lo largo de la línea de costa y
desarrollar una planificación de los existentes para la protección natural frente a la inminente
subida del nivel del mar, restaurando los ecosistemas costeros y reubicando los
edificios, los servicios y las infraestructuras que están más cerca de la costa.
• Incluir la adaptación y la resiliencia de las viviendas al cambio climático como un apartado
específico en el Código Técnico de la Edificación.
• Fomentar la rehabilitación energética de los edificios teniendo en cuenta las características
específicas del cambio climático en cada región y enfocando las intervenciones
adecuadamente.
• Aumentar la seguridad del suministro de energía fomentando el amplio despliegue de
energías renovables en las ciudades, descentralizando la producción energética.
• Introducir la evaluación climática en la planificación urbana y territorial para mitigar
los efectos de la isla de calor. Es necesario establecer indicadores que obliguen a implementar
medidas como: la limitación de la expansión urbana a expensas de las zonas
verdes, el incremento de las áreas verdes (incluidas cubiertas y fachadas de los edificios),
porcentaje de suelo permeable, modificación del albedo de los materiales y pavimentos
, integración de cuerpos de agua artificiales o promoción de la ventilación urbana mediante
la disposición de la edificación.
• Establecer indicadores de evaluación y seguimiento de las medidas que se implantan
en las ciudades para fomentar la adaptación al cambio climático.

Salud humana
Los efectos del cambio climático en la salud humana están relacionados fundamentalmente
con el incremento de la frecuencia e intensidad de los episodios de temperaturas extremas,
con el aumento de enfermedades transmitidas por vectores, aero-alérgenos, el incremento de
la frecuencia e intensidad de los episodios de contaminación atmosférica y de los fenómenos
meteorológicos extremos.
La ley de cambio climático debe establecer las bases para ampliar los sistemas de información
y análisis de la morbilidad y mortalidad relacionados con estos fenómenos.
• Para ello, se debe abordar la puesta en marcha de un sistema de indicadores de salud,
de los sistemas de información y de las redes de vigilancia epidemiológica.
• En particular, se deberían ampliar los dispositivos del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas
de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud para que éste pueda
cubrir, en particular, la morbimortalidad en distintos colectivos de trabajadores.
En relación con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, debería establecerse
cómo se va a articular la implicación directa del sistema nacional de salud.
• Debe seguir desarrollando el sistema de predicción de temperaturas y la coordinación
entre administraciones, servicios sociales y administraciones sanitarias.
• En este marco, se deberán establecer las fuentes de recursos para la formación especí-
fica de los profesionales, la investigación, los programas de intervención y de comunicación
de riesgos y daños y crear un sistema de indicadores de salud.
La ley debería restaurar el suprimido Observatorio de Salud y Cambio Climático coordinado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto a la Oficina Española de Cambio
Climático y regular sus objetivos y funciones de análisis, diagnóstico, seguimiento y difusión
de los impactos en la salud, con los recursos adecuados para ello.

Emergencias civiles
Las emergencias civiles atribuibles al cambio climático son y serán, casi exclusivamente, consecuencia
de fenómenos naturales que, según los escenarios y modelos disponibles, provocarán
eventos y episodios extremos con mayor intensidad, duración y frecuencia en el futuro.
La normativa estatal en esta materia se actualizó con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil. Aunque en el preámbulo de la ley se reconoce el cambio climático
como “un factor potenciador de las amenazas”, en opinión de Alianza por el Clima, el desarrollo
en el articulado es insuficiente.
Para Alianza por el Clima, parece especialmente importante que la Ley de Cambio Climático y
Transición Energética aborde una serie de cuestiones, capitales para ajustar el marco español
de actuación en emergencias civiles ante escenarios de cambio climático que, además de ‘potenciar
las amenazas’, suponen un aumento en el grado de incertidumbre asociado a las emergencias.
Por lo tanto, se propone la inclusión de las siguientes disposiciones en la nueva ley:
• Análisis de la probabilidad de ocurrencia de emergencias y de posibles nuevos tipos de
emergencia no previstos en el marco actual, basados en escenarios de cambio climático
regionalizados y actualizados periódicamente, con la obligación de revisión de protocolos,
mecanismos de planificación, coordinación y actuación.
• Revisar los principales planes y estrategias sectoriales cuyo desarrollo suponga un riesgo
para las personas, los recursos naturales o los bienes materiales susceptibles a los
daños, para garantizar que estos instrumentos, reconocen explícitamente los riesgos adicionales
asociados al cambio climático, incluyen objetivos y medidas para, en la medida
de lo posible, anticipar y reducir los riesgos, fomentan una sociedad más ‘resiliente’ a los
impactos del cambio climático.
• El desarrollo de programas de concienciación social específicos sobre el papel del cambio
climático, respecto al aumento del riesgo de emergencias y la necesidad de cambios
de comportamientos y estilos de vida para reducir los riesgos.
• Asignar los recursos suficientes en los presupuestos públicos para atender al mayor
riesgo de emergencias y garantizar la formación adecuada del personal implicado
33 Propuestas Alianza por el Clima Ley de cambio climático y transición energética

3. Adaptación a los impactos globales

Movilidad humana
La creciente movilización forzosa de personas hacia Europa, es el resultado de fenómenos económicos,
políticos, sociales y climáticos complejos, que demandan soluciones globales coordinadas.
Este hecho, provoca la necesidad de aumentar los esfuerzos de coordinación entre las
diferentes políticas autonómicas y la legislación nacional.
Por lo tanto, Alianza por el Clima considera que la presente Ley de cambio climático y transición
energética debe:
• Considerar la migración como una de las estrategias de adaptación al cambio climático;
• Establecer mayor vinculación entre las políticas migratorias y ambientales, planificando
y financiando acciones que faciliten la movilidad y aseguren y protejan a las personas
desplazadas y obligadas a migrar tanto dentro como fuera de la frontera nacional;
• Facilitar el derecho a la movilidad humana, la debida protección en su caso, el pleno
disfrute de sus derechos humanos y la acogida e integración de estas personas en el
nuevo lugar de vida.

Soberanía alimentaria
El impacto del cambio climático sobre la Seguridad Alimentaria y el medio ambiente debe
ser considerado y evaluado de manera coherente. El cambio climático está íntimamente relacionado
con el acceso a los alimentos si tenemos en cuenta los factores relacionados con el
clima, tales como las tierras áridas, la degradación del suelo, la amenaza para la biodiversidad
y la dependencia de la agricultura del agua. El cambio climático está teniendo un profundo
impacto sobre los sistemas agrícolas, y por eso consideramos que ahora más que nunca es
necesaria una orientación hacia la seguridad alimentaria que garantice el derecho a la alimentación
como prioridad.
Es necesario un mayor apoyo de la UE para una evolución urgente hacia el desarrollo de una
agricultura más sostenible, diversificada, adaptada y resiliente al clima. Las políticas y la ayuda
de la UE deberían adoptar una perspectiva que tenga en cuenta las dimensiones de cambio
climático y Soberanía Alimentaria. Una de las claves es el reconocimiento de la multifuncionalidad
de la agricultura y de sus aspectos ambientales. La Ley de Cambio Climático debe orientar
las políticas de ayuda para contribuir a preservar los conocimientos tradicionales, mejorando
las capacidades de los agricultores, su conocimiento de la biodiversidad y potenciar así las externalidades
positivas de un modelo agrícola menos intensivo y de mayor valor añadido.
Desde el punto de vista de Alianza por el Clima, una adecuada política de adaptación al cambio
climático en materia alimentaria, debería incorporar los siguientes elementos:
• Reconocimiento de la alimentación como un derecho. Hace falta un marco legal que lo
garantice a todas las personas, sobre todo a las más vulnerables. Es de vital importancia
que el planteamiento sobre agricultura y Seguridad Alimentaria esté fundamentado en
el Derecho a la Alimentación, porque puede mejorar significativamente la eficacia y la
focalización de sus políticas.
• Velar por la efectiva garantía del derecho a la tierra y a los bienes naturales de las comunidades
campesinas y rurales, pueblos indígenas, pescadores artesanales y otros grupos
sociales, responsables de la producción familiar y comunitaria de alimentos, conforme
los derechos reconocidos y recogidos en el sistema universal de derechos humanos.
• Aumentar la investigación y desarrollo en agricultura sostenible, apoyando a los pequeños
agricultores y a la agro-ecología. La producción sostenible de alimentos para el
consumo local debe estar asegurada por las políticas de ámbito nacional e internacional
de España.
• Combatir la malnutrición desde un enfoque holístico. Además del acceso a la alimentación,
hay factores adicionales tales como las condiciones de vida, la calidad ambiental,
las prácticas de salud y de cuidados, y todos han de tratarse con éxito.
• Aplicar, rápida y estrictamente, la directiva adoptada recientemente por los mercados
financieros (MiFID II) para detener la especulación de los alimentos en los mercados europeos
de materias primas.
• Contribuir a evitar la apropiación indebida de tierras, mediante el apoyo a sus países
socios en la aplicación nacional de las Directrices Voluntarias de las Naciones Unidas sobre
la Gobernanza Responsable de la Propiedad de la Tierra, de la Pesca y de los Bosques.
• Regular y controlar estrictamente las inversiones del sector privado en agricultura en
los países en desarrollo. Se debe prestar especial atención a las negociaciones en curso
en Naciones Unidas sobre los Principios para la Inversión Agrícola Responsable.
Coherencia de políticas: Las decisiones tomadas en la Unión Europea tienen su impacto en la
disponibilidad y accesibilidad de los alimentos en los países del Sur global. Los biocombustibles,
el acaparamiento de tierras y las políticas comerciales deben ser considerados evitando
su impacto negativo sobre los derechos humanos. El desarrollo no sólo está relacionado con la
cooperación en temas humanitarios, sino también con las decisiones en materia de agricultura,
el medio ambiente, el clima y las políticas de salud en la Unión Europea de las que España
es corresponsable.