Introducción y objeto de la Ley

El cambio climático es el mayor reto ambiental, económico y social al que nos enfrentamos en el siglo XXI. Los gobiernos de todo el mundo reconocen en el Acuerdo Climático de París la necesidad y la urgencia de actuar para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2º C y proseguir los esfuerzos para que ese aumento no supere 1,5º C respecto a las temperaturas preindustriales. Sin embargo, este objetivo está lejos de conseguirse con los actuales compromisos de reducción de emisiones y con las políticas en curso, que nos llevan a una senda de aumento de temperaturas de más de 3 grados.

El Grupo de Trabajo de Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación del Quinto Informe del IPCC[1] muestra que con las tendencias actuales de emisión vamos a empezar a superar los límites de adaptación de los sistemas naturales y humanos. Con niveles elevados de calentamiento será difícil controlar los riesgos y, aunque se invierta de manera significativa y continuada en la adaptación, nos encontraremos con impactos generalizados, que pueden ser abruptos e irreversibles. Ya se han observado impactos del cambio climático en la agricultura, la salud humana, los ecosistemas terrestres y oceánicos, con pérdida de cosechas, escasez de agua, aumento del nivel del mar y serios impactos en la salud humana. Asimismo, sabemos que el cambio climático está afectando de manera más agresiva a las personas y colectivos que menos han contribuido a generarlo y que, a su vez, menos capacidades tienen de adaptarse a sus efectos. Sus vínculos con el agravamiento de algunos conflictos y con el aumento de la pobreza y la desigualdad son también ya evidentes.

España, al ser una península y estar situada en la cuenca mediterránea, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Ya estamos percibiendo sus efectos, con mayor frecuencia e intensidad de sequías, olas calor, precipitaciones impredecibles, derretimiento de glaciares, subidas del nivel del mar y otras amenazas, con los impactos que conllevan en la salud y en sectores importantes de nuestra economía, como el turístico y el agrario.  

Es necesario que la evidencia científica de la realidad que supone el cambio climático y las medidas necesarias para frenarlo impregnen todas las políticas, de forma que tanto la reducción de las emisiones que lo causan como la adaptación a los impactos que se producen estén en el núcleo central de las políticas con competencias al respecto. También es clave la coordinación y la coherencia de políticas, tanto entre los distintos ministerios como entre el gobierno central y las administraciones autonómicas y municipales.

Desde las organizaciones sociales que formamos parte de Alianza por el Clima[2] consideramos que hace falta un impulso legislativo importante a nivel estatal que dé una señal clara sobre el camino que deben seguir tanto los sectores económicos como las comunidades autónomas y la ciudadanía. Establecer un marco legal con objetivos de reducción de emisiones de GEI suficientemente ambiciosos y vinculantes a corto, medio y largo plazo. Una ley que contemple la reducción de la huella de carbono de España, tanto dentro como fuera de nuestro país. 

La primera obligación de cualquier gobierno es la de proteger la seguridad y bienestar de la ciudadanía. Desde todos los puntos de vista –moral, social, político, económico y ambiental– para Alianza por el Clima es imprescindible la aprobación de una ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), basada en la participación y el consenso, que proporcione un marco legal y financiero estable y coherente con un objetivo común de reducción de emisiones, ahorro energético y adaptación a los impactos negativos ya previstos, y justa con los países, sectores y colectivos más vulnerables y empobrecidos. 

Los derechos humanos y, en concreto, la mirada de género y los derechos de las minorías tienen que ser un elemento central en todos los planes y políticas que desarrollen los actores políticos españoles. La justicia climática y el cuidado de la vida deben constituir el epicentro de todas  las acciones de lucha contra el cambio climático dentro y fuera de nuestras fronteras. La integración de todos los sectores en una única normativa permite una mejor gestión global de la reducción de emisiones, dando así coherencia a las políticas emprendidas tanto en mitigación como en adaptación. Es decir, la ley supone convertir la lucha contra el cambio climático en un aspecto transversal en la gestión de cualquier ámbito: sociedad, economía e instituciones. 

La ley introduce una nueva oportunidad socioeconómica. La obligación de limitar las emisiones condiciona la manera de abordar políticas energéticas, de transporte y de producción, así como patrones de consumo. Lejos de limitar la actividad económica y suponer un perjuicio para la economía, establecer objetivos a corto y medio plazo para cumplir con el objetivo final proporciona un escenario económico estable y previsible. Esto significa una ventaja económica para el cambio de modelo productivo que necesitamos, que dispondría de perspectiva a largo plazo para tomar decisiones y adaptarse a una economía baja en carbono.España dispone ya de numerosas disposiciones legislativas y de medidas de lucha contra el cambio climático, que cubren una gran variedad de sectores. 

Adoptar una ley de Cambio Climático y Transición Energética permitiría: 

  • una visión global de todos los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos y su reparto justo entre actores.
  • una coherencia en la gestión de todos los aspectos relativos a la lucha contra el cambio climático.
  • una garantía de predictibilidad y seguridad jurídica para los sectores económicos al conocer con antelación sus obligaciones, y anticipar medidas efectivas para abordar los retos.
  • proporcionar un marco favorable a las iniciativas ciudadanas que ya se están produciendo en la economía social.

El presente documento aborda el marco necesario para afrontar la mitigación del cambio climático, así como los compromisos internacionales a los que el Estado español tiene que responder en esta lucha, sin abordar en él con la profundidad suficiente la necesaria adaptación a los efectos del calentamiento global.

 

I.2 OBJETO DE LA LEY

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética deberá tener por objeto:

• Establecer el marco normativo, institucional e instrumental adecuado para facilitar y acelerar la necesaria transición hacia una economía descarbonizada.

• Garantizar la coordinación de las políticas sectoriales asegurando coherencia entre ellas y buscar sinergias encaminadas a la mitigación del Estado español al cambio climático, así como favorecer  la necesaria transferencia financiera, tecnológica y de capacidades hacia los países más vulnerables.

• Poner en marcha instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana y fomenten la coordinación entre las administraciones y entidades sociales y económicas.

 

[1] Grupo de trabajo de Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación del Quinto informe del IPCC  https://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5_SPM_Spanish.pdf

[2] Alianza por el Clima es una coalición de más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales, de cooperación al desarrollo, de acción rural, de agricultores, vecinales, católicas y de consumidores; entre otras: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/ BirdLife, WWF, CCOO, USO, Cáritas Española, Movimiento Católico Mundial por el Clima, Manos Unidas, InspirAction, ONGAWA, UPA, ATTAC, Avaaz, FRAVM, AMA, Px1NMEECODES, Oxfam Intermon, Alianza por la Solidaridad, COAG, CECU, Asgeco, Hispacoop, OCU, Fundación Renovables.