Herramientas económicas, fiscales y financieras para el cambio climático

Actualmente, la mayor parte de los tipos de ayudas y subvenciones que establecen las administraciones públicas para las empresas no discriminan entre aquellas actividades que producen emisiones de gases de efecto invernadero y las que ayudan a disminuirlas.

El sistema fiscal, por su parte, o bien apenas discrimina entre actividades o productos que inciden positiva o negativamente en el clima o bien favorece claramente con exenciones y desgravaciones a los más contaminantes.

– La ley de Cambio Climático y Transición Energética debe establecer una reorientación del sistema fiscal, con nuevas figuras impositivas o con modificación de las existentes, para favorecer los productos, servicios y actividades en los distintos sectores que contribuyan a una economía descarbonizada y para penalizar a los más contaminantes. La reorientación de la fiscalidad ha de tener en consideración los efectos sociales que se pudieran producir, definiendo para paliarlos medidas de protección y apoyo a sectores y colectivos vulnerables.

– La ley debe establecer y prever la dotación de un fondo para el cambio climático que impulse tanto medidas de mitigación como de adaptación en todos los sectores y que funcione de forma transparente y con mecanismos claros de seguimiento, evaluación y destino de los fondos. Este fondo debe incluir una dotación para la transición justa de las y los trabajadores y el apoyo a otros colectivos vulnerables.

– En consecuencia, esta ley debe definir reglas para la elaboración de los presupuestos de las distintas administraciones públicas e introducir instrumentos como los presupuestos de carbono o la huella de carbono de productos y servicios.